El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha pedido que se rechace la demanda, argumentando que se han implementado y cumplido “múltiples medidas para enfrentar la violencia rural”. Según el CDE, estas acciones demuestran el compromiso del Estado para abordar y mitigar los actos de violencia en la región.
La controversia subraya las tensiones persistentes en la zona y plantea interrogantes sobre la responsabilidad del Estado en la protección de instituciones afectadas por el conflicto.
Los Hechos
El jurista de la Diócesis detalló que los problemas comenzaron en junio de 2014, cuando un grupo de personas de la etnia mapuche ingresaron ilegítimamente al Seminario Mayor San Fidel de Temuco, ocupando parte del inmueble para usos personales. «Para resguardar la integridad física de los seminaristas, en julio de 2014 se decidió, de manera forzada, trasladar al personal, sacerdotes y seminaristas, pudiendo únicamente desocupar la biblioteca; todo lo demás fue dejado atrás», señala la demanda.
Tras la ocupación, el grupo violentista tomó oficialmente el lugar y comenzó a desmantelar las instalaciones, repeliendo violentamente a quienes intentaron ingresar. La Diócesis atribuyó responsabilidad al Estado, señalando que «a pesar de conocer la intención de estos grupos de ocupar y destruir estos terrenos, el Ministerio Público y Carabineros de Chile no han tomado medidas concretas para resolver el problema o limitar sus consecuencias».
La Responsabilidad del Estado
La Diócesis argumenta que la responsabilidad del Estado se basa en una presunta falta de servicio. «Nuestra representada ha sido un blanco en el llamado ‘Conflicto Mapuche’, hecho de público conocimiento. Los delitos sufridos llevaron a que se decretaran medidas de protección. En esta situación, era exigible a las Fuerzas de Orden y Seguridad la obligación de resguardar el inmueble con mayor diligencia», afirmó el abogado.
Añadió que el Estado no desplegó la actividad necesaria para evitar el peligro conocido, creado por el ‘modus operandi’ de grupos organizados para cometer actos violentos. «Teniendo la autoridad el deber de seguridad para con las víctimas, esta no actuó conforme al deber de diligencia», sostuvo.
Respuesta del CDE
El Consejo de Defensa del Estado, representando al Fisco, solicitó rechazar la demanda y las indemnizaciones por daño emergente ($6.249 millones) y por lucro cesante ($1.946 millones). Argumentó que el Estado ha dispuesto y cumplido con múltiples medidas para enfrentar la violencia rural en la Región de La Araucanía.
“El Estado ha abordado el conflicto mapuche mediante políticas públicas y ha implementado múltiples medidas para prevenir delitos y proteger a las víctimas, incrementando la dotación policial y los recursos destinados a estas labores”, señaló el CDE. Además, argumentó que la demanda exige una protección imposible de satisfacer debido a la vasta extensión geográfica de la región.
“No es materialmente posible instalar permanentemente funcionarios policiales en cada predio rural de la Región de La Araucanía. El Estado debe priorizar la protección a la vida de las personas con los recursos disponibles. No es sostenible concluir que el actuar de Carabineros de Chile ha sido defectuoso o negligente solo por el resultado de un hecho delictual”, afirmó el organismo.
